Para quienes intentan entender mejor la situación que impactó a millones de personas en California: todo empezó en 1993.
(California, USA) – Quitar el acceso a licencias de conducir a inmigrantes indocumentados y otros conductores de California en 1993, podría haber sido un acto bien intencionado en contra de inmigración masiva y sin control tanto como un acto “bias” en contra de la comunidad Latina en Estados Unidos, incluyendo a las personas no-autorizadas para vivir y trabajar en el país. En ese entonces eran denominados “extranjeros ilegales”, y ahora más y más se refiere a ellos como “inmigrantes indocumentados”.
LAS LICENCIAS DE CONDUCIR, un asunto que en su núcleo atañe a asegurar que:
- cualquier persona que maneje un automóvil en las calles y carreteras del Estado Dorado, haya pasado satisfactoriamente las pruebas de manejo y que,
- por lo tanto se deduce que él o ella saben como conducir, conocen las reglas y poseen seguro de auto.
El asunto pasó de seguridad y transportación, a política e inmigración.
El 5 de Marzo de 1993, el senador estatal Alfred Alquist (D), introdujo SB 976, una medida requiriendo al Departamento de Vehículos Motorizados requerir a cada solicitante de una licencia de conducir o de una tarjeta de identificación el presentar documentos que establezcan ciudadanía o residencia legal. La medida prohibía al DMV hacer lo contrario, y decía también que cualquier que ayudara a solicitantes de licencias proveyendo datos falsos cometería un crimen.
“Fue algo racista, anti-Latino, anti-inmigrante y bias”, dice Martha Escutia, quien en 1993 fungía como senadora estatal (D). “Fue algo horrible cuando pasó, fue un ataque a nuestra comunidad inmigrante, y una derrota para algunos de nosotros que tratábamos de ser su voz”, comenta Escutia con gran emoción, agregando “Para mí, fue la peor derrota que tuve como legisladora, y me puse a la defensiva y enérgica”.
“Lo que es peor es que, aunque fueron los legisladores republicanos los que encabezaron y apoyaron la medida anti-inmigrante, también algunos legisladores demócratas la apoyaron”, dijo Escutia.
Y agregó que ella considera que algunos legisladores votaron a favor de la SB976 pensando que al hacerlo prevenían la introducción de peores medidas. “Gran error; la propuesta 187 fue la siguiente.”
Los patrocinadores de la SB976, según el análisis analista legislativo, argumentaban que la medida “mantendría extranjeros ilegales fuera de los caminos, reduciría fraude y actuaría como un freno a la inmigración ilegal.” Ellos además sostenían que tendría un “impacto favorable respecto al problema de conductores sin seguro de auto.”
Sus oponentes sostenían que esta medida tendría un efecto negativo en las personas que estaban legales en el país, tales como salvadoreños bajo TPS (Estatus de Protección Temporal), estudiantes extranjeros no-inmigrantes, profesionales extranjeros y trabajadores con visas de no-inmigrante, puesto que no podrían manejar si la medida fuese aprobada. Más aún, los oponentes de la SB976 argumentaban que “no haría que los extranjeros ilegales dejaran de manejar.”
El DMV se opuso a la SB976 por sus propias razones, puesto que “terminaría el programa de renovación de licencias de conducir por correo, e incrementaría los costos”.
Al final, la SB976 ganó. Miembros de ambas entidades, la Asamblea y el Senado de California, la aprobaron con 57 votos a favor y 15 en contra. El Asambleísta Louis Caldera (D), quien nació en Texas, hijo de inmigrantes Mexicanos, le dio la tercera leída, según los archivos.
El 3 de Octubre de 1993, el gobernador Pete Wilson (R), autorizó la medida, convirtiéndola en ley con su firma.
Otros que han seguido el asunto de las licencias de conducir piensan que la entonces nueva ley (entró en vigor el 1 de Enero de 1994), reflejaba las opiniones y el sentir de la población general, de ambos partidos, y de algunos Latinos.
“El punto de vista del público en esos años era que los inmigrantes estaban cometiendo una gran falta al no tener residencia legal y que había que castigarlos,” dice Leo Lacayo, un analista hispano republicano.
“Era un sentido de justicia equivocado; veían el hecho como un crimen. El público no entendió que si los inmigrantes se quedaban era para trabajar, y que con su trabajo estaban contribuyendo a la economía. “
Lo que el público no vio o quizás no quiso ver, ni los legisladores, líderes y grupos comunitarios que ayudaron a que se convirtiera en ley, en la opinión de la que escribe, fue lo siguiente:
Que por los próximos 20 años, las vidas de millones de personas en su mayoría de por sí en condición vulnerable, serían afectadas de manera que sólo ellos, quienes sufrieron las consecuencias podrían saberlo; que les quitarían sus autos, que tendrían que pagar altas cuotas de dinero a negocios por cierto hicieron dinero fácil a costa de ello –de tal forma que el hecho sería cuestionado cualquier miembro de una comisión de ética o de derechos humanos ; que separarían a cientos de miles de familias, deportarían a padres y madres, y encarcelarían a jóvenes y adultos, en efecto dominó por no portar ni presentar una licencia de conducir en California. El impacto psicológico en cada persona y socio-psicológico en cada comunidad sólo pueden sentirlo los que lo vivieron, y los que los ayudaron.
Aún así, millones de personas han estado manejando sin licencias durante los últimos 20 años. Es un hecho, independientemente si les juzga o si se siente empatía por ellos.
El 3 de Octubre próximo se cumplirán 20 años de la firma que autorizó la prohibición de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.
Mientras tanto, el actual gobernador de California Jerry Brown (D), tiene hasta el 13 de Octubre para autorizar la medida SB60, que permitiría acceso a licencias de conducir a dicho sector de la población, aunque bajo ciertas condiciones. El gobernador aseguró que la firmará.
20 años no es nada.
[Articulo#2 de varios, por Lupita Peimbert] – Ella es una periodista independiente que ha estado escribiendo y reportando desde 1998, sobre las altas y bajas de la medida que busca licencias de conducir para todos.
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